Instalaciones deportivas para todos y para nadie!

18 May 2009

Un nuevo decreto presidencial lleva envuelto interrogantes permanentes a la actividad realizada por unos cuantos artífices del engaño de la “revolución”. Y es que una revolución se hace con el pueblo y para el pueblo; en una revolución poco importa los intereses de unos cuantos y menos cuando estos pocos se encuentran en situación de ventaja frente al colectivo.

 

Se trata del decreto presidencial 1727, el cual, dispone que todas las instalaciones e infraestructura deportiva y recreacional con que cuentan las diversas entidades de la Administración Pública Central e Institucional, pasen a ser administradas por el Ministerio de Deporte, exceptuándose las instalaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además el decreto señala la destinación de fondos por parte del Ministerio de Finanzas y garantizar el acceso de la ciudadanía a tales instalaciones.

 

Mencionado decreto puede sonar perfecto en discurso e incluso en cadenas televisivas y radiales, pero es un profundo engaño y muestro mi frontal rechazo a la política del actual régimen, una política que ningún cambio representa cara a lo actuado por anteriores gobiernos criticados.


La “ratio legis” (considerandos) del decreto emitido por el Presidente de la República menciona entre otros, el deber del Estado a garantizar la recreación y los derechos consagrados en la Constitución, citando artículos como el 383: “garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad”, claro, una norma perfectamente aludida para el decreto en cuestión, pero que no quita el deber inexorable que las Fuerzas Armadas y Policía tienen en el artículo 158 de la misma Constitución: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Entonces, ¿por qué se exceptúan las instalaciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a prestar los servicios de libre recreación a la colectividad?, jurídicamente es una barbaridad tal decreto. Una vez más se ha violado la Constitución, pues, son de máximo llamado a velar por los derechos ciudadanos estas dos Instituciones, mismas que de una manera poco sensata con el país han sido “privilegiadas” frente al derecho que busca ser defendido por el mandatario inquilino de Carondelet.

Además el mismo cuerpo normativo máximo de un ordenamiento jurídico, la Constitución, en su art. 162 dice: “Las Fuerzas Armadas sólo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional, y podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la ley”, verbigracia, no es constitucional que esta Institución abogue por intereses íntimamente relacionados a la satisfacción de recreaciones de unos pocos, con sus complejos deportivos, sus restaurantes, salones y más, la lista es larga, las comodidades son deslumbrantes y sus instalaciones deportivas deberían ser abiertas al público, a la ciudadanía, a los ecuatorianos, de quienes tanto se habla y a quienes tanto debe este Gobierno de la revolución.

Por otro lado, el artículo 158 en su inciso segundo es claro “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”, no es fundamental el cosechar piscinas de uso exclusivo, casinos para fiestas independientes ni mucho menos canchas de prohibido acceso.

Un gobierno para el pueblo, para los grandes intereses de la colectividad, no es un gobierno que se asegure con fuertes Instituciones a la mano; un gobierno que quiera poner las cosas en orden siempre hará luz de las grandes necesidades mayoritarias, un gobierno que no busque privilegios a unos cuantos será recto en actuar frente a todos, un gobierno sincero no es un gobierno de falacias para el pueblo. 

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