DECLARACIÓN PATRIMONIAL VIOLA LA CONSTITUCIÓN Y PRINCIPIOS JURIDICOS

15 Feb 2009

Un tema que mucha polémica e incertidumbre a causado es lo referente a la “Declaración Patrimonial” que los agentes económicos del país (ciudadanos ecuatorianos) deben efectuar cuando su patrimonio sea superior a los cien mil dólares.
 

El Servicio de Rentas Internas, a través de su Director, Carlos Max Carrasco Vicuña resolvió el 23 de Diciembre del 2008 dicha medida, que, fundamentándose en la Ley Orgánica de Régimen Tributario y el reglamento de aplicación de dicha ley, cree junto a sus asesores que es legal y legítima, cuando a mi parecer, es plenamente inconstitucional por las siguientes razones.

La Carta Magna del Ecuador aprobada por los ciudadanos en soberano ejercicio de la democracia al momento de su elección, mas no en su formación, lleva claros artículos que no pueden ser soslayados por cualquier autoridad de un Estado de Derecho que creemos existe aquí, aunque, la Constitución ha sido violada desde su puesta en vigencia hasta hoy, lo cual junto al artículo 1 me hace dudar la coexistencia de un verdadero Estado de Derecho en el que la ley, los derechos ciudadanos y la Constitución deben ser respetados.

El artículo 66, numeral 19 de la Constitución señala que se reconoce y garantiza a todas las personas “El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección”… norma constitucional que en relación con el siguiente inmediato artículo 20 deja claramente establecido que se trata de garantizar la información de las personas y su privacidad, a través de “El derecho a la intimidad personal y familiar”

Entonces, ¿cómo se puede hablar de tener que realizar una “revelación” de los bienes inmuebles, bienes muebles y enseres, menaje de hogar, colecciones, títulos valores, inversiones, semovientes, obras de arte y joyas?, mismos que, ya pagaron un impuesto al momento de su transformación, importación, adquisición e incluso anualmente con tasas como el “predio urbano” o impuesto a la renta.

La Constitución llama a los ciudadanos a que sean los serios observadores del gobierno y a fiscalizar actos ilegales de autoridades públicas, pero aquí en el país, únicamente se ve lo contrario, una pretensión de cambiar roles y responsabilidades al hacer que el Ejecutivo mediante sus organismos creados sea el guardián y fiscalizador permanente del “qué hacer” de los ecuatorianos, cuando somos nosotros quienes debemos pedir todos aquellos ingresos pecuniarios que las autoridades del Estado perciban ya por sus labores o por otros medios, transparentando su obrar en las funciones encomendadas. No es deber propio del Gobierno el exigir que los ciudadanos tengan que mostrarle cuentas y sus bienes, pues, viola abiertamente el principio de la privacidad y la intimidad reconocido en la Constitución, valor que no es un descubrimiento de los Asambleístas de Montecristi, sino que, ha venido teniendo lugar en varios acuerdos Internacionales de respeto a los Derechos Humanos.

Por otro lado, la Constitución en su artículo 11 señala que el ejercicio de los derechos se regirá en base a distintos principios, en el cual, dentro del numeral 8 señala: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos” con el cual, claramente se sostiene que la decisión del SRI, es inconstitucional al tener una omisión y ser de carácter regresivo frente a los derechos que la Constitución da a los ciudadanos del país.

De igual manera lo realiza el siguiente numeral sosteniendo que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución, así mi pregunta es entonces, ¿se está respetando el art. 66, numerales 19 y 20 del marco jurídico principal del país?

No quiero pensar que la información de conocer el patrimonio personal sea direccionado a un futuro impuesto al mismo, pues, no solo que violaría principios constitucionales y la confianza de los ecuatorianos a quienes se nos ha dicho que no hay tal objetivo, sino que quebrantaría principios económicos, pues, se estaría creando un “audaz perjuicio” al bolsillo de ecuatorianos, ya que, en su momento se pagó un impuesto por aquellos bienes y servicios que se adquirieron, y que con el tiempo se han ido acumulando. Seguro estoy que el Estado debe perseguir a quienes se han enriquecido ilícitamente, y nosotros, simples observadores aplaudiremos tal actitud, pero aún el gobierno actual no ha demostrado ello, se critica despectivamente a los llamados “pelucones” y los banqueros que han huido, pero a ninguno se lo ha puesto en manos de la justicia, o peor, nadie ha recibido un centavo del dinero de las empresas de los ISAÍAS que fueron incautadas en época de encuestas de popularidad, ¿acaso fue sólo una medida política?

Pero mi inquietud no la puedo presentar a una “Corte Constitucional” de facto autodenominada en violenta decisión al ordenamiento jurídico, pues, no tendría efecto su resolución, me queda el camino de la libertad de expresión, mientras no me sea vulnerada por quien manda en el Ecuador, y a la final seremos una vez más oprimidos frente a una Institución que asfixia la libertad de trabajar y producir de los ciudadanos.

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