La vivienda universal, el alquiler "especial" Artículo 375 de la Constitución

23 Oct 2008

En la sección cuarta de la Constitución de la República en lo tocante al “hábitat y vivienda” se señalan las distintas formas de garantía para cumplir con el derecho al hábitat y la vivienda digna.

“Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:
1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano”

Creo importante empezar analizando desde el encabezado del artículo citado, pues, es necesario el propugnar que no existe ningún país en el mundo por más desarrollado, productivo y rico que sea, que haya podido garantizar la vivienda a todas las personas que habitan en su territorio. El hecho de que un país pueda de una u otra forma incentivar a la población creando programas que ayuden a corto, mediano y largo plazo a frenar este problema y así ir creando una solución es muy distinto y es lo que guarda sustento lógico y económico. La vivienda universal es sin duda más utópico que las mismas 300 mil casas ofrecidas por un candidato a la presidencia que se le tildó de "tonto" y "demagogo", quien, quedó en un segundo lugar en las elecciones frente al Presidente Correa.

El generar información necesaria para crear estrategias y programas sobre las relaciones de vivienda es un tema de razón y comprensión, pues, no podemos realizar un proyecto sin el debido procedimiento de investigación y obtener fuentes de datos que nos permitan coordinar acciones en “pro” de llegar a nuestro objetivo planteado.

Es importante señalar que en una lista de ocho numerales se plantea las distintas formas en que el Estado busca llegar al pleno cumplimiento del “derecho a la vivienda y hábitat”. El numeral segundo del artículo 375 dice que el Estado: “Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda”, sin duda, el postulado de mantener un catastro nacional es una necesidad innata para poder atender las demandas de vivienda para la ciudadanía, es necesario realizar este estudio con el fin de obtener válidos indicadores para la planificación, coordinación y valorización sobre las necesidades colectivas del país, sin embargo a diferencia de cómo se ha abordado el tema de censos poblacionales, en la Constitución no se cita un lapso de período para la realización de dichos catastros nacionales, peligrando una vez más, que descanse en la Carta Magna el numeral garante de la vivienda y el hábitat, tema, que lo sostendré con el posterior análisis de otros numerales.

El numeral tercero a mi parecer asienta un peligro eminente de incumplimiento y promesas

irrealizables de la Constitución vigente al hablar de un “acceso universal a la vivienda”, que una vez más sostengo la imposibilidad económica de dicho planteamiento constitucional.
Cabe mencionar aquí, sobre otros articulado de dicha Constitución que guardan total relación, así el caso del “Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”, norma que también me deja mis dudas, ¿cómo se puede hablar de una “independencia de la situación social y económica” en un país claramente estratificado, de igual manera el artículo 39 de la Constitución dice que el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la vivienda, ¿ a qué organismo debemos asistir los jóvenes para el cumplimiento de este artículo? ¿Frente a quién se hace exigible nuestra vivienda?.
Es necesario destacar que lo referente a la vivienda ha sido citado en varios artículos de la Constitución, incluso, dentro de los derechos civiles que sería menester abarcarlo para un análisis.

De igual manera el artículo 375 en su numeral 4 sostiene que el Estado “Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial”, ¿alquiler en régimen especial?, mis más altas incertidumbres se afloran con ésta nueva “vanguardia” de la Constitución. No se puede deducir bajo ningún término cuál es el “régimen especial para alquiler” que menciona la nueva Carta Magna, pero sí, claramente se puede identificar que es un régimen distinto al convencional y ordinario al que se ha venido practicando en la relación de inquilinato. Un nuevo régimen “especial” deberá ser definido por una ley que, una vez dictada nos resolverá las mayores dudas que certezas englobadas por éste sui generis numeral. El nuevo régimen de alquiler podrá traer beneficios al arrendador, o talvez al arrendatario; puede también crear novedosas incorporaciones a la concepción clásica del alquiler, así como, cien numero de cualidades, que ahora, son únicamente especulaciones, validas para el análisis pero que no constituyen derecho alguno.
El numeral quinto menciona que se “Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar”. Artículo que a mi personal parecer será sin duda dependiente forzoso para su cumplimiento de la situación económica que el Estado pueda tener en distintos momentos. El financiamiento lamentablemente, estará subordinado a la estabilidad económica del Ecuador, por lo cual, un pueblo con sed de atención social siempre deberá fijar su mirada más allá de la “oferta” constitucional en la situación mundial y nacional por medio de factores externos e internos que afectan directamente a una economía.

Creo que es importante mencionar el logro de ésta Constitución en lo referente al artículo 375 y su numeral 6, que garantiza la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos, elevando así a una calidad y cobertura como medición de la eficacia de la administración pública y priorizando la vida, el buen vivir (Sumak Kawsay) por medio de la salud y la educación.

“7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos”, es un necesario postulado, conjuntamente con el numeral 8 que sostiene: “Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso”, principio claro y necesario para el respeto de la riqueza nacional y el acceso como privilegio de los ecuatorianos.

El artículo 3 de la Constitución del Ecuador dice: “Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, numeral agregado frente al artículo 3 del texto constitucional de la República vigente desde 1998, pero que lamentablemente no recoge el derecho a la vivienda recogido como derecho fundamental para la vida digna en ambas constituciones.
Al igual que la planificación nacional realizada por el Consejo Nacional de Planificación integradora de distintos niveles de gobierno del Estado mencionado en el artículo 279, el artículo 375 también agrega un inciso final sobre la competencia del Estado central para ejercer la rectoría de la planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda.

 

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