JUSTICIA INDIGENA, UNA INESTABILIDAD JURÍDICA

17 Sep 2008

Creo que a lo largo del tiempo transcurrido desde que se realizó el proyecto constitucional hasta el día de hoy, que atravesamos una de las más abusivas e inefables campañas por parte del gobierno, poco, o casi nada, se ha analizado el tema de la “JUSTICIA INDIGENA” regulado, o mejor dicho, aceptado y defendido en el nuevo proyecto de código político. Lo cual sostengo por las siguientes razones.

 

El artículo 171 de la Constitución establece:

 

“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

 

Citado artículo deja en una inestabilidad total al ordenamiento jurídico, permitiendo expresamente la violación de la universalidad y obligatoriedad de la normativa penal del país, igualmente sin ningún cuidado, se acepta la creación de un Derecho paralelo que es un muy peligroso maquillaje para la anhelada seguridad jurídica que el Estado requiere.

 

Sostengo y lo seguiré haciendo que, el artículo 171 resta toda potestad a la función judicial, y a su vez, retira la capacidad de jurisdicción del Estado para sancionar un delito dentro del límite territorial del país, es decir, en su territorio.

 

Por otro lado, el artículo 76 del proyecto de constitución establece en el numeral 7, literal i) que: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”.

 

Mi preocupación se eleva a las distintas realidades que vive el país, a lo que ha sucedido, sucede y podrá suceder "legalmente" con la aprobación del nuevo proyecto constitucional; el día de mañana: un narcotraficante, violador, asesino, “coyote”, delincuente que ya haya sido juzgado por su “comunidad indígena”, simplemente, no deberá ser llamado ante la justicia ordinaria, por ende, ser sentenciado a prisión para cumplir la pena por un delito ya que la Constitución eso lo establece en su artículo 76.

 

Yo me pregunto permanentemente al leer este proyecto, ¿acaso las épocas coloniales o absolutistas no fueron ya superadas?, ¿nadie mide las consecuencia de un derecho paralelo?, ¿Qué corona tienen los indígenas para no acudir a la justicia que mi vecino, mi amigo, mi profesor, mi padre y yo acudimos?

 

Mañana que la constitución me reconozca a mí y mi barrio el acceso a una justicia especial sería una locura, pero probablemente tendré derecho a reclamar el reconocimiento de dicha barbarie, aunque mi moral y mi respeto a los compatriotas no me lo permitan. Además es ser poco objetivo el no aceptar el insensato y deshumano trato que la justicia indígena impone a su manera, practicando verdaderas violaciones a los Derechos Humanos siendo victímas de su propio victimario.

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